* Primera Reunión Después del Desalojo con Fuerza Pública.
* Afloran Cinco Escrituras del Predio en Disputa.
* Gobierno Propone. Negociación Personalizada.
* Gobierno Propone. Negociación Personalizada.
* Senador David Jiménez Rumbo, visita campamento.
Mendez-Gasca/APC
Sin acuerdos terminó la reunión entre ejidatarios de Santiago Zacatula Guerrero, diputados locales y una Comisión del Gobierno del Estado, estos dos últimos de Michoacán quienes se reunieron el viernes 16 de enero en la Casa de Gobierno de la capital michoacana para tratar el asunto Isla Las Palmas, tras el desalojo de campesinos.
Ahí Víctor Manuel Martínez Uribe, Coordinador de Asesores del Gobierno de Michoacán, quien encabezó el desalojo, mantuvo la postura gubernamental para que el caso se resuelva por la vía legal, ya que -dijo- se entregó un sólo cheque para ejido a través del comisariado “aportaremos sólo lo que creemos que nos corresponde” ofreció.
Tras prometer dar seguimiento a los planteamientos que se hicieran sólo por la vía legal, “Es una realidad que el gobierno del estado respetará el mandato judicial”. Al tiempo que les dijo tener pruebas con fotografías y videos de que no fueron violados los derechos humanos de los campesinos cuando fueron sacados de la isla La Palma el 19 de diciembre de año próximo pasado.
No obstante los ejidatarios reclamaron que pese al amparo interpuesto este fue violado, cuando los detuvieron de manera arbitraria y desalojados con la fuerza pública por elementos de GOES a quienes responsabilizan del incendio, pues casualmente después del desalojo las llamas hicieron presa sus parcelas ocasionando perdida de cosechas.
Además, que al día de hoy, les impiden pasar a las huertas que aún mantienen cultivos de plátano, mango, jamaica, maíz, calabaza y limón los cuales se están perdiendo al igual que el ganado, luego de dos semanas sin acercarles agua y alimento.
“Debemos ser parejos porque utilizando la fuerza impiden el paso a las parcelas” inquirió Abel Vargas Cruz, Secretario General de la Asociación Civil que defiende los derechos de los ejidatarios afectados.
Por su parte, el Presidente de la Agrupación “Campesinos Unidos de Santiago Zacatula” Gilberto Galeana Calderón, indicó que no tiene validez el convenio signado por el comisariado ejidal Alfonso Toledo Espino con el gobierno de Michoacán, ya que ningún convenio está por encima de la Ley, pues la asamblea funge como la máxima autoridad y ésta jamás acordó la negociación.
Asimismo destacó el artículo 77 de la Ley Agraria que dice que ningún comisariado u gobierno puede decidir sobre la parcela de los campesinos, la cual aun con decreto de expropiación no les ha sido cubierta la indemnización correspondiente. Y sin embargo existen cinco escrituras del lugar.
Sostuvo que el gobierno de Michoacán se hace justicia por su propia mano, tras mencionar que nunca obstaculizaron el desarrollo del puerto pues donde se encuentran las parcelas en comento no hay industria asentada.
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